Ricardo Salinas Vega fue elegido Contralor del Departamento del Magdalena con 11 de los 11 votos posibles.

Investigación

vEl resultado del concurso de méritos que permitió la elección del actual Contralor Departamental significó el posicionamiento en el ente de Control Fiscal de fichas claves que por sus decisiones parecerían favorecer a las principales familias de la política del Magdalena: Los Cotes y los Díaz-Granados.

vPara la vigencia 2016, la Auditoría General de la República evidenció 15 hallazgos de tipo administrativo y otorgó una calificación de regular en varios de los procesos a cargo de la Contraloría Departamental.  

Por: José David Pacheco Martínez

Ricardo Salinas Vega, cartagenero de nacimiento, es el actual contralor del Departamento del Magdalena, abogado egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y Magister en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.

Conocía el ente de control pues trabajó en la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría entre 2008 y 2012, después de haber sido coordinador de peticiones, quejas reclamos de la Cámara de Comercio de Santa Marta y docente de la Universidad del Magdalena.

Después de su paso por la Contraloría, según el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público fue Liquidador de la Industria Licorera y asesor Jurídico de la Secretaría de Hacienda del Magdalena hasta 2014, cuando era gobernador Luis Miguel Cotes Habeych, cargos que lo acercaron a la familia Cotes.

A pesar de que la Contraloría General del Magdalena señaló como efectiva la gestión realizada por el liquidador general de la Industria Licorera del Magdalena, el paso de Salinas fue duramente cuestionado en un blog regional titulado “Licorera del Magdalena, liquidada y vendida sin dificultades”, en el que se afirma que Luis Miguel Cotes Habeych siendo Gobernador del Magdalena decidió -sin tener las facultades de la Asamblea Departamental, amparado en las ordenanzas otorgadas a anteriores gobernadores (001 del 4 de febrero de 2002 y 001 del 16 de enero de 2004 ) y basado en el Decreto 067 del 11 de marzo de 2002)- habilitar a Ricardo Salinas Vega para que coordinara la liquidación de la Industria Licorera del Magdalena mediante Decreto 134 del 30 de marzo de 2012.

De dicha liquidación, destaca el artículo periodístico, no solo se habrían generado menores ingresos sino que los que llegaron fueron destinados principalmente a pagar honorarios y comisiones, entre ellos el reconocimiento de obligación que se hace a sí mismo Salinas por 53 millones de pesos, como consta en el Acta Final de liquidación de la Licorera del Magdalena. Este proceso se había iniciado desde marzo de 2002 y, como lo dijo el mismo Ricardo Salinas a un medio local, “logró finalizarse en seis meses, en esta administración, gracias a la determinación del gobernador Luis Miguel Cotes Habeych”.

Pese a las denuncias periodísticas, ni la Fiscalía ni la Procuraduría encontraron responsabilidad de Salinas en algunas falta penal o disciplinaria en su desempeño durante el proceso de liquidación.

El concurso: ¿una prueba diseñada para Ricardo Salinas Vega?

El inicio de la convocatoria de méritos para elegir Contralor Departamental del Magdalena se dio mediante Resolución 009 del 24 de noviembre de 2015 en la cual la Asamblea departamental fijó cronograma, reglas y criterios de selección y evaluación.

El 14 de diciembre mediante Acta No. 033 la Mesa Directiva de la Asamblea del Magdalena hace pública la lista de los 24 admitidos al concurso de méritos quienes deberían someterse a la evaluación y finalmente uno sería elegido para reemplazar a Alejandro Pérez Prada en el período 2016-2019.

La Universidad Autónoma del Caribe era la encargada del acompañamiento del proceso; sin embargo, 12 horas antes de la realización del examen la institución educativa desistió del convenio. No hubo un documento formal que sustentara la dimisión y eso generó la publicación de versiones encontradas en los medios de comunicación local: "por cierre académico y por el inicio de las vacaciones colectivas" y “ante una sumatoria de inconformidades en el desarrollo de la convocatoria pública”.

La Asamblea invitó a siete universidades, pero ninguna aceptó y por eso la duma decidió realizar el concurso de manera directa y fijó un nuevo cronograma como consta en Resolución 021 del 18 de diciembre de 2015 que facultó a Nidia Rosa Romero Cabas como presidente de la Asamblea Departamental para contratar a un experto en la estructuración de procesos de selección y otro en sicología para la fase de competencias laborales.

Acudiendo al principio de ‘menor costo’, la Asamblea Departamental, como consta en oficio con radicado ADM-SG-174, designó como encargado de realizar el cuestionario de la prueba escrita a Rafael Vera Romero quien de acuerdo con su Currículum Vitae Latinoamericano y del Caribe registrado en Colciencias (Cvelac), acredita como Abogado de la Universidad de Santo Tomás (2006) con especialización del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Derecho Comercial (2008) y en Derecho de la Empresa (2010), Especialista en Derecho Disciplinario de la Universidad Externado de Colombia (2010) y una maestría en Derecho en la Universidad del Norte, iniciada en 2012 y sin fecha de terminación, y como docente de la Corporación Universidad de la Costa.

En la hoja de vida de Rafael Vera Romero no existe algo que pueda demostrar su experiencia en el desarrollo y/o ejecución de concursos de méritos o convocatorias públicas a cargo de corporaciones públicas, como es requerimiento que se lee en el Resuelve de la Resolución 021 del 18 de diciembre de 2015 emanada de la Asamblea Departamental.

“El día de la prueba escrita en la Universidad del Magdalena, ya entrada la tarde, se cortó el fluido eléctrico y terminamos de hacer los exámenes iluminados prácticamente por las pantallas de los celulares”, aseguró Martha Solórzano, una de las participantes del concurso, quien posteriormente fue la cuota femenina de la terna.

Para la realización de la entrevista, la Asamblea Departamental designó a Diana Vásquez Rodríguez, experta en sicología, quien junto a los diputados Nidia Rosa Romero Cabas (Partido de la U) Martha Luz López (Partido Liberal) y Alex Velázquez Alzamora (Partido Conservador) realizaron la entrevista a los candidatos como consta en oficio con radicado ADM-SG-174.

En esta etapa del concurso de méritos, la superioridad de Ricardo Salinas frente a los otros 23 participantes era evidente: mientras la mayoría acertó en promedio 33 de las 50 preguntas, el actual Contralor respondió correctamente 45. Similares cifras se dieron en la entrevista, donde su puntaje es de 93.3 y el mayor de los otros ternados es de 86.6. 

Los últimos días del año 2015 la Asamblea Departamental dio a conocer la terna de aspirantes a la Contraloría, encabezada, teniendo en cuenta el puntaje, por Ricardo Salinas Vega (93.3), seguido de Julio Saade Álvarez (85) y Martha Ligia Solórzano (83.3).

El 7 de enero de 2015, la nueva Asamblea departamental del Magdalena se reunió para elegir nuevo contralor departamental. Al recinto llegó primero Martha Solórzano y después Ricardo Salinas. Se tuvo que dar inicio a la sesión sin la presencia del candidato Julio Saade. 

“El doctor Julio Saade Álvarez  desistió de la sesión final del concurso porque supo en una reunión que todo estaba dispuesto para la victoria de Ricardo Salinas, yo asistí después de todos los incidentes que han ocurrido en este concurso y a sabiendas de lo que pasaría, por dignidad”, aseguró para esta investigación Martha Solórzano Dangond tras el nombramiento de Ricardo Salinas.

La asamblea del departamento votó a favor de Ricardo Salinas como nuevo Contralor Departamental de manera unánime: Luis Vives González (Partido Liberal); Álvaro Orozco y Marco Brugés (Partido Opción Ciudadana); Claudia Patricia Aarón, Jhon Almaralez, Valentina Herrera y José Domingo Dávila (Partido Cambio Radical); Carlos Julio Diazgranados (Partido Alianza Verde); Hernando Guida Ponce y Anselmo Marín (Partido de la U); Edward Torres Ruidíaz  (Partido Polo Democrático), con un total de 11 votos debido a que los diputados Marta López (Partido Liberal) y Alex Velásquez (Partido conservador) se declararon impedidos por haber sido parte del equipo que  realizó la etapa de la entrevista a los candidatos.  

“Las elecciones de este tipo siempre son acordadas por las bancadas y giran siempre en torno a la búsqueda y protección de fines comunes. En mi caso que soy del Polo Democrático, voté por Salinas porque era, según el concurso, la persona más capacitada para ocupar el cargo, además el hecho de haber estado antes en la Contraloría le da mayor peso”, sostuvo Edwar Torres Ruidíaz, diputado banqueño.

Los Díaz-Granados, su estrategia de Partido y su ficha clave

La de los Díaz-Granados es la casa política del Magdalena que tiene mayor poder e influencia burocrática tanto en el plano nacional como en el regional: Juan Pablo, quien fue alcalde de Santa Marta, es hoy Viceministro de Desarrollo Rural; Sergio, ex ministro de Comercio, Industria y Turismo, se desempeña como Director Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo para Colombia y Ecuador y, fue director del Partido de la U entre 2013 y 2014.

Diazgranados Foto 3Roy Barreras fue el garante del pacto entre los Cotes y los Diaz-Granados en su camino hacia la Gobernación del Magdalena.

Eduardo Díaz-Granados Abadía es desde 2010 representante a la Cámara por el Partido de la U y actualmente es el presidente del directorio departamental; su otro primo, Carlos Francisco Díaz-Granados Martínez, quien ejerció en el gobierno de Luis Miguel Cotes como jefe de la Oficina de Planeación del Magdalena, es en la actualidad el director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) y Tomás Díaz-Granados, otro miembro del clan, gerencia el Hospital Universitario Fernando Troconis.

Al representante Eduardo Díaz-Granados Abadía se le vio bastante activo en las correrías por los pueblos durante la campaña para autoridades regionales y locales: por ejemplo, el día 23 de agosto de 2015 junto a Rosa Cotes de Zuñiga (candidata a la Gobernación del Magdalena por el Partido Cambio Radical) y Hernando Guido Ponce (candidato a la Asamblea por el Partido de la U) estuvieron recorriendo Pueblito de los Andes (Ver foto 1), día en el que también visitaron el municipio de Nueva Granda (Ver foto 2).

El Partido de la U, en cabeza de Eduardo Díaz-Granados, suscribió una alianza con el Partido Cambio Radical para apoyar las intenciones electorales de la candidata Rosa Cotes, tal pacto fue sellado con la visita de Roy Barreras a la sede de la campaña de Rosa Cotes y Humberto Caiaffa. Los votos que se adhirieron a Rosa Cotes gracias a la intervención del Partido de la U, lograron que ella obtuviera la Gobernación con una cifra histórica de 294.793 sufragios.

En dichas elecciones Eduardo Díaz-Granados Abadía contó, para la realización de las campañas regionales de su Partido con el apoyo de Eduardo Chi Acuña, actual jefe de la Oficina Jurídica de la Contraloría Departamental del Magdalena. La relación laboral de Chi con el Congresista data de 2010, año en el que trabajó en su campaña a la Cámara ; luego colaboró en su reelección en 2014 (Ver foto 3) y en las Elecciones Regionales de 2015 apoyando a Hernando Guido Ponce, candidato la Asamblea del Partido de la U y primo del congresista y, a Humberto Caiaffa Rivas la cuota del Partido de la U para la Alcaldía de Santa Marta. Ese mismo año, Robert Chi Acuña, su hermano, fue incluido en la lista del Partido de la U al Concejo de Santa Marta (Ver foto 4).

Antes de ser contratado en la C0ntraloría de Salinas, Eduardo Chi Acuña trabajaba como asistente V en la Unidad de Trabajo Legislativo del Representante Eduardo Díaz-Granados Abadía. Según el acta de novedades de la Cámara de Representantes, hasta el miércoles 13 de enero de 2016.

Diazgranados Foto 4Eduardo Chi perteneció a la Unidad de Trabajo Legislativo de Eduardo Diaz-Granados y organiza para él reuniones políticas.

Dentro de las funciones más importantes de Chi Acuña como Jefe de la Oficina Jurídica están: revisar jurídicamente los proyectos de contratos de los que en forma directa deba conocer el Contralor General o el Vicecontralor; orientar a las dependencias de la Contraloría Departamental del Magdalena en la correcta aplicación de las normas que rigen para la vigilancia de la gestión fiscal; representar judicialmente a la Contraloría Departamental del Magdalena ante las autoridades competentes cuando fuere el caso y sustanciar los fallos de segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal y sancionatorios, así como la revocatoria o nulidades a que haya lugar.

Dadas las funciones del Jefe Jurídico, que guardan relación con el área misional de la Contraloría del Magdalena, y, dados los antecedentes laborales y políticos de Chi Acuña, su desempeño laboral podría estar condicionado por su amistad íntima con las personas a quienes debe vigilar, o, por aquellos funcionarios que han hecho parte del mismo grupo político.

El Control Fiscal según los Informes de Auditoría

El informe de las auditorías realizadas por el ente de control a los procesos de contratación de la Gobernación para la vigencia de 2015 no contiene ningún tipo de hallazgos y alertas, aun cuando los informes de los años 2013 y 2014 hacen alusión a la comisión de posibles “actos de corrupción y violación a los principios de contratación”, y, al parecer, por ello califica la gestión de Luis Miguel Cotes como “deficiente”.

En el Informe de Auditoría definitivo de la vigencia 2013, el entonces contralor Alejandro Pérez Prada y su equipo inspeccionaron 11 contratos de obra pública que no dieron cumplimiento adecuado a los cronogramas y en los que modificaron cantidades de obra, y auditó 37 contratos de prestación de servicios e interadministrativos que carecían de informes de supervisión. En esa oportunidad 7 hallazgos fueron ratificados en el informe definitivo en el que se advierte estar “poniendo a la entidad territorial en riesgo al celebrar contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades y funciones propias y permanentes hecho que podría acarrear posibles conflictos judiciales donde probablemente saldría perjudicado el ente auditado” como consecuencia de una eventual violación a principios tan importantes como el de planeación en la programación del contrato 602 de septiembre 13 de 2013.

En efecto, el informe señala que “la gestión contractual evidencia la falta de planeación, coordinación y organización en la ejecución, como también en la sincronización con el plan de desarrollo…”. 

Los mismos hechos se ratifican en el Informe de Auditoría de la vigencia 2014. El ente de control examinó 30 contratos ratificando 7 hallazgos en el informe final, deficiencias en la labor de supervisión de varios de los contratos, así como de la publicación de algunos contratos en el Secop después de 20 meses de haber sido celebrados. También revela que el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 no incluye programas relativos a la educación ambiental y no fue incorporada la partida del presupuesto anual para la ejecución de estos, denuncia deficiencias en cuanto al Manual de Contratación y la dificultad de la labor debido a la segregación de la información en varias dependencias.

El Informe de Auditoría para la vigencia 2015, último año de la administración de Luis Miguel Cotes Habeych, firmado por Eduardo Chi y que se entiende es el primer ejercicio de auditoría siendo contralor Ricardo Salinas, le otorga un carácter de favorable a la gestión del exgobernador, aun cuando en el desarrollo del documento se refiere a que la entidad publicó 830 procesos contractuales en el portal Colombia Compra Eficiente pero no entra en detalle de si se trata de la totalidad de los contratos y se cumple la norma; además,  pese a que el equipo observa que el 98% de la contratación se realizó bajo la modalidad directa, no se alerta a la Gobernación frente a los riesgos de dicha contratación como se hace en los anteriores informes.

Eduardo Chi y el Diputado Guido Ponce en velitas del año 2015.

El equipo auditor de la vigencia 2015, compuesto por Rafael Balaguera Torne, Mónica Borja Gutiérrez y Alan Ramos Salcedo, tras el análisis de 34 contratos (5 de obras públicas, 22 de prestación de servicios, 5 de suministros, 2 de consultoría y otras), repite 29 veces a lo largo del documento que “efectuado el análisis legal de este contrato, no encontramos inconsistencia alguna, igualmente evidenciamos el objeto del mismo”.

Además, no se hace mención alguna a si se corrigieron o no las fallas detectadas en las vigencias anteriores aunque deberían existir como mínimo planes de mejoramiento.

El informe de auditoría para la gestión fiscal de 2016, el primer año de gobierno de Rosa Cotes, aún no ha sido entregado. No obstante, el equipo sigue trabajando: en 2017 se abrieron 12 indagaciones preliminares: tres a José Darío De Ávila Cantillo, alcalde de Chibolo, todas fueron cerradas; cinco a Carlos Eduardo Castilla Baena y otros funcionarios de la Alcaldía Ariguaní; dos a Jesús Lara Trujillo y una a Jorge Peñarredonda Vega, miembros del equipo de la E.S.E. Hospital Fray Luis de León de Plato, todas se encuentran en trámite de periodo de prueba.

Control al Control: lo que dice la Auditoría General de la República

La Auditoría General de la República -entidad que vigila la gestión fiscal de la Contraloría General de la República, y de las Contralorías Territoriales- para la vigencia 2016, es decir el primer año de Ricardo Salinas al frente de la Contraloría Departamental del Magdalena, evidenció 15 hallazgos de tipo administrativo y otorgó una calificación de regular en varios de los procesos a su cargo.

Solo en lo que respecta al Proceso Auditor ejercido por la Contraloría Departamental del Magdalena se encontraron cinco situaciones irregulares. El primer hallazgo se refiere a la Selección Muestra de Auditoría pues, según el informe, la Contraloría no seleccionó la muestra y cuando lo hizo no se  hallaron cuáles fueron los criterios. “Esta situación hace evidente la falta de revisión y validación de la información, afectando la calidad y veracidad de los resultados del proceso auditor”.

Otra de las fallas encontradas por la Auditoría tiene que ver con el Traslado Para Proceso Sancionatorio. Según el documento, la Contraloría auxiliar para el control fiscal a la fecha del trabajo de campo no había trasladado a la Oficina Jurídica información de las 37 entidades que no presentaron la rendición de cuentas e informes dentro de las fechas y con los documentos exigidos “situación que denota falta de monitoreo y control, lo que puede ocasionar perdida de la potestad sancionatoria”, advierte el equipo auditor.

La Auditoría pudo comprobar también errores en el Traslado de Hallazgos. En este punto, indica el ente que los hallazgos configurados en las auditorías evaluadas en la muestra fueron trasladados a las instancias competentes en un promedio de 63 días hábiles y no en cinco como lo establece la Ley.

De igual forma, la Auditoría se encontró que no se cumplieron los plazos con la debida oportunidad. “…en contravención a los principios de la función administrativa, las Indagaciones preliminares, los procesos de responsabilidad fiscal ordinarios y los procesos verbales iniciados en la vigencia 2016, presentaron un promedio de 26 meses para las Indagaciones preliminares, 23 meses para los proceso de responsabilidad fiscal ordinario y 32 meses para los procesos verbales”.

Habla el informe que “se quebrantan los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política y especialmente los de celeridad y eficacia, lo que puede conllevar a la no recuperación de manera oportuna de la multa señalada”.

Las situaciones irregulares evidenciadas dentro de la auditoría a la gestión de Ricardo Salinas se encuentran en aspectos como: Proceso Contable Proceso de Responsabilidad Fiscal Verbal, Indagaciones preliminares, Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario y Verbales, Proceso Administrativo Sancionatorio, Proceso Controversia Judiciales, Proceso Plan Estratégico y Proceso de Control Interno.

La Contraloría del Magdalena fue consultada durante el desarr0llo de esta investigación, para conocer de primera mano algunos detalles relevantes de su funcionamiento, pero nunca respondió, como tampoco lo hizo de manera efectiva y oportuna a varios derechos de petición en que se solicitó la información sobre contratación y nombramientos durante 2016 y 2017.

* Investigación realizada bajo el proyecto “Tras la pista de las contralorías” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de Open Society Foundations.